Las causas abiertas en España por violencia doméstica crecieron el 29% en el 2002

MARGARITA BATALLAS l MADRID

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, reclamó ayer, en el solemne acto de apertura del año judicial que presidió el Rey, que la violencia doméstica se equipare penalmente a los delitos de tortura e integridad< moral. La fiscalía avala esa reforma tras constatar que los casos de maltrato familiar se han incrementado un 29% en el 2002. El cambio legislativo supondría un notable endurecimiento de la respuesta penal y punitiva, ya que permitiría que toda agresión, cause o no lesión, pase a ser considerada como un delito. Con esa propuesta se intenta responder al incremento de la violencia doméstica, que ha pasado de las 8.573 causas incoadas en 2001 a las 11.117 en el 2002.

Esas cifras incluyen la figura del maltrato habitual, que también ha aumentado considerablemente, ya que el pasado año se instruyeron 4.397 procesos frente a los 2.784 del 2001. En la memoria de la fiscalía se realiza un estudio sociológico sobre este delito. Entre los datos más destacables figuran que un 88% de las víctimas son mujeres y un 12% son hombres. Un 90% de los agresores son varones, y el 10%, mujeres. En cuanto al parentesco víctima-agresor, un 55% de los malos tratos se producen entre cónyuges o excónyuges, un 28% en uniones de hecho, un 7,4% sobre los hijos y un 5% sobre los ascendientes.

ACTUACIÓN POLICIAL

La fiscalía también pide a la policía que actúe con mayor diligencia cuando recibe las denuncias de las víctimas, ya que, si considera que sólo es una< falta, no detiene al presunto agresor. Ese hecho, según el fiscal, supone un "grave riesgo para la denunciante" cuando regresa a su domicilio, porque el agresor "ya conoce que ha sido denunciado y el juzgado no intervendrá con medidas cautelares hasta la entrega del atestado". Los nuevos datos sobre la violencia doméstica coincidieron con la apertura de un expediente disciplinario al juez de Barcelona Gonzalo de Dios, por no haber atendido 13 denuncias de Ana María Fábregas, que fue asesinada por su marido el pasado 10 de junio. El juez De Dios, que recibió el apoyo de la junta de jueces de Barcelona, se hizo cargo de este caso cuando la víctima ya había presentado tres denuncias. Sin embargo, después se negó a recibirla. Tampoco acordó la práctica de ninguna prueba. En marzo, citó a declarar al agresor, que no acudió a su llamamiento, por lo que ordenó su detención, aunque luego le dejó en libertad sin que hubiera prestado declaración.

FALTA GRAVE

El Consejo General del Poder Judicial investiga si el magistrado ha incurrido en una falta grave por haber desatendido un proceso. Ese tipo de faltas está castigada con multa de 300 euros (50.000 pesetas) hasta los 3.000 euros (500.000 pesetas).