Las denuncias no frenan la violencia domèstica

LUIS IZQUIERDO | la Vanguardia

El 80% de las mujeres que murieron a manos de sus maridos o compañeros en los últimos años había denunciado previamente ante la policía o el juzgado alguna agresión. Lo afirma la socióloga Inés Alberdi, profesora de la Universidad Compluetense de Madrid y coautora del libro "La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España". El dato, producto del análisis de las muertes ocurridas en los últimos tres años, revela, a juicio de Alberdi, el fallo del sistema jurídico-policial de protección a las víctimas de malos tratos.

En los últimos años el número de mujeres muertas por la violencia de género se mueve entre las 34 de 1998 y las 42 de los años 1999, 2000 y 2001, según las cifras que maneja el Ministerio del Interior. La Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas eleva esa trágica estadística hasta las 70 muertes del año pasado.

Esos datos demuestran, en cualquier caso, que, si bien la concienciación social sobre la relevancia del problema ha conseguido aumentar el número de denuncias en los últimos años, no ha sido útil para detener o reducir la comisión de asesinatos de género que se producen en España.

El año pasado se presentaron más de 25.000 denuncias por agresiones a mujeres por parte de sus parejas, de las cuales menos de 6.000 recibieron la calificación de delito, siendo el resto consideradas como faltas. El incremento de las denuncias de faltas, que han pasado de 14.000 en el año 1998 a más de 18.500 en el ejercicio del 2001, muestra que cada vez se denuncian más las agresiones aunque éstas sean de menor entidad.
Aun así, las expertas consultadas por "La Vanguardia" coinciden en señalar que los casos denunciados son todavía una mínima parte -se baraja la cifra de un 10%- del total de agresiones que realmente se producen en el ámbito doméstico. Un estudio realizado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis sobre los casos de violencia doméstica llegados hasta los juzgados madrileños durante varios años muestra que sólo el 15% de las mujeres que denunciaban malos tratos lo había hecho anteriormente. El 35% de las denunciantes reconocía haber sufrido agresiones anteriores, pero no las habían puesto en conocimiento de la policía. El 50% restante dijo acudir por primera vez por ser ésa la primera agresión que recibían.

La presidenta de Themis, Ángela Alemany, e Inés Alberdi coinciden al señalar que uno de los grandes problemas de cómo se aborda el fenómeno de la violencia doméstica es la descoordinación de los juzgados. "Parece evidente que un juez civil que está llevando a cabo un divorcio debería estar al tanto de si la mujer está siendo maltratada o no y debería poder adoptar medidas cautelares", señaló Ángela Alemany. "Y al menos ahora consiente en acumular las agresiones recibidas por una misma persona -prosiguió-, porque hace unos años ni siquiera lo consentían, por lo que desaparecía el agravante de la reiteración". Para Alberdi también está claro que una ley integral sobre la Violencia Doméstica tiene que acumular todas las denuncias, ya sean civiles o penales, en un mismo procedimiento y a cargo de un mismo juez.

A falta de esa ley, las actuales aportan ya a los jueces los instrumentos necesarios para actuar en los casos de agresiones a mujeres. A pesar de lo cual, las órdenes cautelares de alejamiento se aplican en casos contados y se incumplen de forma sistemática por parte del agresor.

La socióloga Inés Alberdi explicó a este diario que la concienciación sobre la gravedad del fenómeno ha calado profundamente en la sociedad, pero no ha llegado a determinadas instancias, como la judicatura. Esto se debe, según Alberdi, a la independencia funcional con la que trabajan los jueces. "El trato que reciben las víctimas de agresiones ha cambiado sustancialmente en lugares como hospitales o comisarías de policía con relación al que se les prestaba hace unos años. Y eso ha sido así por una decisión política y a partir de instrucciones concretas a los funcionarios. Esa independencia judicial que es positiva para algunas cosas se muestra negativa en este aspecto", señaló la socióloga, quien criticó que este colectivo no tenga obligación de recibir cursos de reciclaje como los que se imparten a fiscales o agentes de policía.