NUEVO PACTO SOCIAL DE LA MUJER

ANNA MARIA MOIX, Escritora

La publicación del último estudio sobre el mercado laboral europeo, que pone de manifiesto la desigualdad salarial de la mujer en todos los países de la UE, ha coincidido con el anuncio de la Generalitat y del Gobierno central de la puesta en práctica de una serie de medidas destinadas a eliminar la discriminación de la mujer en el mundo del trabajo y en la vida social y familiar. Por el momento, es el Govern tripartito catalán el que se ha avanzado en el proyecto, anunciando un Pla d'acció i desenvolupament de les politiques de dones, mientras el Gobierno de Zapatero se ha comprometido a presentar una ley de igualdad en las Cortes antes del verano.

Parece que la clase política empieza a hacerse eco, seriamente, de este problema, lo que equivale a decir que, por fin, se empieza a considerarla apta para entrar en posesión de algo tan simple como son sus derechos meramente democráticos. Parece mentira que, a estas alturas, cuando todos los partidos se llenan la boca con la palabra democracia, la mitad de la población aún tenga que ser objeto de leyes especiales para hacerse merecedora de lo que le toca por haber nacido aquí y ahora, en países libres, regidos por constituciones inspiradas -se dice- en el respeto a los derechos humanos, y no bajo regímenes dictatoriales.

Según el mencionado estudio sobre el mercado laboral europeo, los salarios de los hombres en la UE son un 15% más elevados que los de las mujeres. En España, la diferencia aumenta hasta un 18%, y el paro femenino es de un 14,4%, cifra que dobla la del masculino. Pero, además, en nuestro país, el 17% de mujeres trabajadoras no cotizan a la Seguridad Social, pese a que, en este caso, una de cada cinco posee estudios superiores. Este último dato parece agrupar a parte de las trabajadoras del hogar y a mujeres que trabajan a tiempo parcial, mujeres que, obligadas a desempeñar funciones de amas de casa y de madres, disponen de un horario más reducido fuera de casa. Así las cosas, el Govern catalán ha anunciado un plan de acción de políticas de la mujer con un presupuesto de 35 millones de euros distribuidos en 17 departamentos, que servirán para poner en marcha más de 500 medidas generales y 1.000 concretas, entre ellas la aplicación del principio de paridad en toda la administración.

"Los nombramientos y reconocimientos de los órganos de la administración se efectuarán bajo el criterio de la paridad y la equidad", declaró el conseller en cap Bargalló, a la vez que subrayaba el uso del término equidad, con preferencia sobre el de paridad, como más idóneo para referirse al de la deseada igualdad. Que la Administración pretenda dar ejemplo al sector privado, es una cosa; que el sector privado siga dicho ejemplo es muy distinto. Puede ocurrir que el criterio de paridad y de equidad rija las condiciones laborales en la Administración mientras en el resto del mundo del trabajo siga imperando la discriminación más salvaje. En tal caso, las mujeres con acceso a trabajo en empresas públicas se hallarían en condiciones de igualdad con los hombres, mientras que en el sector privado seguirían discriminadas.

Llámase como se llame, equidad o paridad, la intención de ese plan de desarrollo de políticas para la mujer (realizado desde el Institut Català de la Dona) es elaborar un "nuevo contrato social" destinado no sólo a fomentar una mayor presencia de la mujer en todos los ámbito sociales y laborales, sino a influir en la vida cotidiana, terreno del que debe partir la igualdad entre hombres y mujeres. Y, en mi opinión, ahí es donde se pone el dedo en la llaga. En la vida cotidiana es donde surgen todos los males. Pues por muy didáctica que sea la actuación de la Administración en cuestiones de igualdad de género, por muy sensible a su ejemplo que sea el sector privado (eso no se lo cree nadie), por mucha justicia que reine en el mundo científico y tecnológico hasta el punto de aumentar ese mísero 10% de mujeres que trabajan en él en una época en que la formación universitaria de la mujer supera a la del hombre, por muchas subvenciones que sopese el Gobierno central, nunca se llegará a la deseada igualdad si ésta no existe en la vida cotidiana.

Mientras se siga diciendo que los niños están mal educados porque las madres trabajan fuera de casa y se siga opinando que los adolescentes no estudian porque cuando llegan a casa su mamá no está de guardia para preguntarles la lección, mientras se siga achacando a la mujer que trabaja el hecho de que sus ancianos padres, madres, suegros, suegras y tías y tíos carnales o políticos anden mal atendidos por esos geriátricos de Dios, mientras se siga pregonando que todos los males que la vida moderna ha desatado sobre los hogares obedecen a la mujer que trabaja, será inútil hablar de igualdad. Hay que empezar a recordar que los niños mal educados, los adolescentes problemáticos, los ancianos y los enfermos tienen padres, hijos, yernos y sobrinos.